Por Redacción | Santo Domingo

El jurista Eduardo Jorge Prats consideró que para que la justicia funcione en el país es necesario que los ciudadanos y sus organizaciones mantengan un reclamo constante y una vigilancia permanente sobre las altas cortes, pues de lo contrario la Constitución que tiene apenas dos años “morirá por desuso”.

“Esta Constitución va a morir por desuso, pero no se lo achaquemos a los gobernantes porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El problema de esta Constitución somos nosotros los ciudadanos”, puntualizó.

Jorge Prats declaró que República Dominicana es el único país del mundo “donde de sopetón se sustituyen más de 30 miembros de las altas cortes” sin hacer una evaluación del desempeño de esos jueces y sin que los dos miembros de la Suprema Corte de Justicia integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, hicieran constar sus votos disidentes.

Expresó que si fuera uno de los jueces cesanteados de la Suprema Corte, estando hábil para continuar, pediría al Consejo Nacional de la Magistratura que hiciera pública las razones para separarlo de su cargo.

Señaló que la única forma de lograr que en el país se aplique una justicia con apego al derecho es que los ciudadanos participen y la prensa asuma su papel de investigación y divulgación.

“Si la ciudadanía se mantiene alejada, si la prensa no hace un intenso escrutinio de las decisiones (judiciales), podemos repetir los errores”, sostuvo Jorge Prats al responder preguntas en la entrevista del matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN 37.

Se pronunció por la total transparencia del ejercicio judicial en las altas cortes, porque no es posible que la Suprema Corte de Justicia tuviera 9,000 expedientes sin fallar y la ciudadanía no supiera nada.

“El tribunal constitucional es un tribunal que va a publicar sus errores y sus aciertos mensualmente, porque el Tribunal Constitucional no tiene que conocer extradiciones, ni tiene que conocer Ley 241, lo único que tiene que conocer es lo constitucional”, consideró el jurista.

Agregó que las diez o doce decisiones que dicte el Tribunal Constitucional “van a ser conocidas por el público. Las academias, los intelectuales, los comunicadores, criticarán esas decisiones. Creo que ese control social, ciudadano, es fundamental”.

A juicio de Jorge Prats, lo más importante en este momento es que haya una solución a la mora judicial, que los tribunales fallen los casos pendientes y que lo hagan con razones jurídicas.

Justicia para vencer la pobreza

Reiteró que para que la justicia funcione correctamente, la ciudadanía tiene que activarse, tomar por asalto las altas cortes.

“Debe haber observatorios ciudadanos de las altas cortes, porque lo que tenemos es una justicia que se ha alejado del problema del ciudadano de a pie, una justicia que no le importa las interrupciones del servicio eléctrico, una justicia que no le importa el problema de los pensionados, una justicia que no le importa que un ayuntamiento desaloje a decenas de vendedores ambulantes, violando su libertad de empresa y su derecho a un mínimo vital, es una justicia que solo está preocupada por los problemas patrimoniales de las grandes empresas”, apuntó el experto en derecho constitucional.

Jorge Prats estimó que para que esa justicia le llegue al simple mortal, al ciudadano de a pie, “tiene que haber entonces las organizaciones comunitarias con recursos legales capacitados en el gran litigio estratégico por los temas sociales para que esta justicia sea una justicia de la lucha contra la pobreza”.

“En un país donde más de la mitad de la población es pobre, una justicia que no esté preocupada por eso, no es una justicia que va a tener legitimidad frente a este ciudadano”, sostuvo el jurista.

Consideró que la gran pobreza del derecho constitucional dominicano “es no haber sido configurado como un derecho de la lucha contra la pobreza. Y eso es lo que le está haciendo falta a esta justicia”.

Añadió que para lograr eso debe haber una justicia de proximidad: de juez de paz, de juez de primera instancia y las organizaciones comunitarias deben saber que “las políticas públicas, no solamente se hacen en el Congreso o quemando gomas, sino que se hacen también mediante un amparo colectivo, mediante una acción de clase o una acción popular. Y ese es el gran reto para todos”.