El secretario de Estado de Industria y Comercio ha requerido de la Asociación de Detallistas de Combustibles, presentar pruebas respecto de su denuncia que el gasoil subsidiado está siendo derivado a usos no del transporte colectivo y destinándolo a la comercialización, cuando por el contrario las autoridades están obligadas a iniciar las investigaciones.

Es una pena que nuestros servidores públicos no entiendan sus roles de administradores inquilinos del gobierno del estado y contrariamente se comporten permanentemente como verdugos de la sociedad civil organizada.

Resulta en gallardía la actitud responsable asumida por ANADEGAS, quienes además han ofrecido pruebas, por cuanto consecuentemente las autoridades deben iniciar sin más dilación las investigaciones correspondientes, así como servir de garante a la institución gestora de la denuncia.

Hay que destacar que una parte del sector transportistas en menos de tres meses ha recibido más de seis mil millones de pesos en subsidio, esto contabilizando el gas y ahora el gasoil, con el agravante que en el caso del gasoil es un subsidio focalizado que privilegia a un sector y fomenta o se presta a corrupción.

Reiteramos además, que la metodología de distribución del gasoil subsidiado resulta proclive a la corrupción y trae a la memoria el caso de los cupones del gas licuado en el pasado gobierno y el plan RENOVE.

Advertimos también que la situación actual delata que subyace un fin ulterior de parte del gobierno para dividir y enfrentar a las diferentes organizaciones de transporte.

Ante este estado de cosas apoyamos de forma irrestricta a ANADEGAS y a la vez anunciamos que el próximo 27 de febrero estaremos materializando su aspiración con una iniciativa de ley que de satisfacción a sus demandas y por ende a la población dominicana.

Estamos convencidos que la eliminación del impuesto al gasoil beneficiará directamente a las mayorías del pueblo dominicano.